El ingreso mínimo vital (IMV) vivirá nuevos cambios. La prestación destinada a acabar con la pobreza extrema en España verá modificaciones, diversos requisitos para llegar a aún más personas, mientras todavía se busca acabar con los problemas en las concesiones. Asimismo, se ha acordado un cambio para agilizar la tramitación de una ayuda que para muchos es un sostén que no se puede perder en el laberinto burocrático.

Los cambios impulsarán vía tres enmiendas, según consta en un documento de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, enmarcado en la salida adelante los presupuestos.

El primer cambio supondrá tener en cuenta los ingresos de los meses transcurridos durante el año en curso para la concesión del ingreso mínimo, ya que hasta ahora se consideran los del año anterior. Como pueden haber caído fuertemente por la crisis, se quiere que la situación que se refleja en los ingresos sea mucho más real.

Es algo que ya se contempla actualmente, pero la medida es temporal y se aplicaría hasta 2021 por el impacto del coronavirus Ahora se haría permanente, «con el objetivo de poder dar respuesta a las situaciones de pobreza sobrevenida a la que se enfrentan muchas familias»; recoge el texto.

En segundo lugar, se ha acordado reducir de 3 a 2 años el mínimo que deben llevar viviendo de forma independiente las personas menores de 30 años para tener derecho al ingreso vital. «Esto va a facilitar que un mayor número de jóvenes puedan acceder al ingreso mínimo vital si su situación económica empeora, por ejemplo, para quedarse en paro, y no han logrado cotizar lo suficiente para acceder a una prestación de desempleo», argumenta.

El último cambio se refiere a la tramitación de las prestaciones, para agilizarlas. Conocidos los problemas en la gestión y cierta lentitud en las aprobaciones para las altas duplicidades y peticiones que no cumplen los requisitos, se ha acordado la posibilidad de que los servicios sociales puedan acreditar algunos de los requisitos para acceder al ingreso. «De esta manera, se va a dar respuesta a algunos de los problemas detectados en la tramitación de la prestación, buscando soluciones que faciliten la identificación de los beneficiarios», se lee en el documento.

Según las últimas cifras, se prevé que 550.000 hogares estén cobrando ya a finales de este año o el inicio del próximo la prestación.